El Estado determina que los campos de tiro son "potencialmente contaminantes"

El Real Decreto estable que en los suelos "se ha constatado" la presencia de "hidrocarburos (...), plomo y otros materiales pesados en valores que exceden los niveles (...) de referencia". Dicha circunstancia "pueden suponer un riesgo (...) para la salud de las personas y del medio ambiente".
CAMPO-DE-TIRO
En las laderas y cauce del Barranco de Ajabo se ha localizado plomo de la munición utilizada en el campo de tiro (cedida).

La Asociación Amigos por la Defensa del Barranco de Ajabo cuenta con otro criterio más para seguir reivindicando el cierre del campo de tiro situado en el municipio de Adeje una vez que el Estado aprobó un Real Decreto, en vigor desde hace unas semanas, por el cual determina que este tipo de instalaciones son potencialmente contaminantes para el medio ambiente.

En este sentido, el texto de la nueva normativa que se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  incluye los campos de tiro porque "se ha podido comprobar empíricamente la existencia de elevadas concentraciones de contaminantes relacionados tanto con la munición como con los platos que sirven de blanco".

En los suelos que "soportan este tipo de actividades se ha constatado" la presencia de "hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como plomo y otros materiales pesados en valores que exceden los niveles genéricos de referencia y, que por tanto, pueden suponer un riesgo (...) para la salud de las personas y del medio ambiente", añade el Real Decreto.

Así, establece que "los titulares de estas actividades" deberán remitir al órgano competente, en este caso a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, un informe preliminar de la situación de los suelos y éste deberá ser antes del 3 de noviembre de 2019.

El Gobierno canario actualizará el catálogo autonómico

Con este objetivo dicho departamento autonómico prepara un proyecto normativo que adaptará las bases estatales a las peculiaridades del Archipiélago y actualizará el catálogo de actividades potencialmente contaminantes. La Comunidad Autónoma será la primera en España en contar con regulación normativa para la prevención y control de la contaminación por olor.

En este sentido, la Consejería que dirige Nieves Lady Barreto ha iniciado la tramitación del proyecto de decreto de protección de la atmósfera de Canarias. Esta iniciativa legislativa abordará, entre otros aspectos, los niveles de emisión, la prevención de contaminación atmosférica, las condiciones técnicas de los focos canalizados, el control de las instalaciones, la evaluación registro e información de las emisiones a la atmósfera y la inspección ambiental.

La norma regulará los aspectos necesarios para adecuar la aplicación en Canarias de la normativa estatal en materia de protección de la atmósfera. Pero, la iniciativa del Gobierno regional pretende también completar algunos aspectos no contemplados en la legislación estatal que tengan en cuenta las singularidades geográficas del Archipiélago, sus especiales condiciones climáticas, la dispersión de las explotaciones y su generalizada cercanía a núcleos urbanos.

Este proyecto contempla, además la regulación de la contaminación por olor, situando a Canarias como la primera Comunidad Autónoma española en abordar normativamente este problema cada vez más preocupante para la población.

"La contaminación por olor, debido a sus peculiaridades, requiere establecer una metodología de evaluación diferenciada y unas referencias en materia de objetivos de calidad del aire por olor con la finalidad de concretar las obligaciones de prevención y control de las emisiones de los contaminantes que lo provocan", según se ha resaltado a través de un comunicado de prensa.

Avances que contempla la normativa

Este proyecto de decreto permitirá actualizar el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, donde se incorporaran cuestiones que se estiman necesarias para alcanzar unos niveles de protección ambiental adecuados, además de otras relacionadas con el acercamiento y facilitación a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Hasta ahora, la Ley estatal 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, regula con carácter básico los aspectos relacionado con la denominada Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA) a otorgar por las Comunidades Autónomas, a las que están sometidas una serie de actividades potencialmente contaminadoras, junto a otro grupo sujetas al régimen de notificación.

Sin embargo, en Canarias no existe una regulación autonómica propia que desarrolle los preceptos de esta normativa básica estatal. Esto supone que muchas empresas obligadas a tramitar estos procedimientos de autorización o notificación para sus instalaciones en las Islas estén sufriendo retrasos en su obtención, debido a la falta de apoyo normativo de carácter técnico para las unidades especialistas de la Dirección General de Protección a la Naturaleza, que actualmente es el órgano competente para su tramitación.

Esta ausencia normativa propia impide, a su vez, el dictado de instrucciones técnicas adecuadas de desarrollo dirigidas a sectores concretos de actividad que tengan en cuenta las singularidades del Archipiélago, relacionadas con la realidad de un territorio fragmentado y limitado.

La iniciativa está en fase de consulta pública hasta el 24 de noviembre. Es la primera atapa antes de la elaboración del borrador del decreto, en el que se tendrán en cuenta las sugerencias recogidas. Posteriormente, sobre el borrador se pedirán los informes correspondientes a las demás administraciones y se abrirá plazo de participación ciudadana a través de las alegaciones.

La lucha de Amigos de Ajabo

Cabe recordar que la Asociación Amigos de Ajabo ha denunciado de forma reiterada la contaminación por plomo que dicha actividad, al parecer, está causando tanto en las laderas como en el cauce del barranco.

Según ha advertido este colectivo, la situación actual incluso podría estar contaminando acuíferos cercanos, agua que se utiliza para el riego de cultivos. Por ello, llevan reclamando desde hace años al gobierno local de Adeje que decrete el cierre del citado complejo, que no se ha producido, al igual que una reunión con la Concejalía de Medio ambiente, por la que llevan esperando desde hace varios meses.

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