El Archipiélago contará con 28 explotaciones ganaderas más

Siete se encuentran ubicadas en Gran Canaria, cinco en Tenerife, tres en La Palma, cuatro en Lanzarote y ocho en Fuerteventura, según el expediente de regularización que impulsa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional.
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La medida impulsará al sector ganadero canario.

El sector ganadero del Archipiélago se reforzará con la próxima autorización de casi una treintena de explotaciones más en el conjunto de Canarias, según anuncia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional. En este sentido, dicho departamento ha publicado los informes previos a la legalización de otras 28 explotaciones en cinco islas,  de las cuales siete se encuentran ubicadas en Gran Canaria, cinco en Tenerife,  tres en La Palma, cuatro en Lanzarote y ocho en Fuerteventura.

El director general de Ganadería, David de Vera, destaca el esfuerzo de los trabajadores de los diferentes departamentos que están realizando los trámites y ha anunciado que en septiembre "el número de explotaciones beneficiadas va a aumentar considerablemente con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, que es una buena noticia para el sector".

Proceso de legalización

El proceso para legalizar estas explotaciones ganaderas tiene como objetivo aportar estabilidad al sector, pero se trata de una tramitación ardua pues atañe a varios departamentos autonómicos y debe contar con la aprobación de varias administraciones (local, insular y regional). Por tal motivo, se aprobó una encomienda a la empresa pública Gesplan para centralizar este tipo de trámites y lograr acelerar los trámites.

Las explotaciones ganaderas que pueden acogerse a estos trámites de legalización tienen que cumplir una serie de condicionantes, como no haber realizado ampliaciones posteriores a 1999 o sólo con el objeto de una mejora zootécnica o adaptación a la normativa sectorial; aunque con la entrada en vigor de la Ley del Suelo podrán hacerlo, si bien de manera restringida, también las anteriores al 6 de mayo de 2009; no superar la superficie ocupada destinada a la explotación animal hasta un máximo de un 70%; ser inferior en tamaño al mínimo para ser exigida declaración de impacto ambiental; y estar dentro de los supuestos de categorización de suelo previstos.

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